Los defensores del maíz de México son galardonados con Premio Ambiental*

Crédito: Demanda Colectiva Maíz

 

Cuando llegué a la Ciudad de México hace nueve años para investigar el esfuerzo de grupos ciudadanos para impedir que las empresas multinacionales de semillas siembren maíz genéticamente modificado en México, los grupos acababan de ganar una orden judicial para suspender los permisos de siembra. Monsanto y las demás empresas, apoyadas por el gobierno mexicano en ese momento, apelaron y los grupos de agricultores, consumidores y ambientalistas estaban esperando un fallo judicial.

 

Le pregunté a su abogado principal, René Sánchez Galindo, cómo pensaba que podían esperar superar el enorme poder económico y legal de las empresas y el gobierno. Dijo con una sonrisa: “El juez seguramente come tacos. Aquí todos comen tacos. Saben que el maíz es diferente”.

 

Él estaba en lo correcto. Al día siguiente el juez confirmó la medida cautelar. Y todavía tiene razón: diez años después de que la Demanda Colectiva, un colectivo de 53 personas de 22 organizaciones, presentara su demanda colectiva para detener el maíz transgénico, la medida cautelar sigue vigente a pesar de unas 130 apelaciones de las empresas.

 

Hoy en la Ciudad de México, la Fundación Pax Natura, fundada en 1996 para “crear paz con la naturaleza en todos los niveles para la preservación de la vida en este hermoso Planeta Tierra”, entrega su premio ambiental anual a la Demanda Colectiva.

 

Entre los ganadores anteriores se encuentran la bióloga Jane Goodall y el ex presidente costarricense Oscar Arias. La fundación seleccionó a Demanda Colectiva para unirse a tan estimada iniciativa, según el presidente y fundador Randall Tolpinrud, por su “coraje y sabiduría para resistir los estragos de la agricultura industrial que degrada la tierra, destruye la biodiversidad y fomenta el aumento de las emisiones de carbono”.

 

La ceremonia se llevará a cabo el 16 de octubre en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México a las 11:30 am hora local. Se podrá transmitir en vivo.

 

La Demanda Colectiva ciertamente merece tal reconocimiento, como aprendí durante varios años de investigación para el capítulo sobre la campaña en mi libro Eating Tomorrow. (El capítulo del libro está disponible aquí). No sólo mantuvieron la línea sobre la siembra de maíz transgénico durante cinco años de hostilidad por parte de su propio gobierno, sino que también ayudaron a abrir la puerta a un nuevo gobierno que toma en serio el maíz nativo y su protección.

 

Desde la elección de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento Morena en 2018, ha habido un cambio radical en la política gubernamental hacia el México rural. Como describo en una extensa entrevista con Víctor Suárez, Subsecretario de Agricultura para el nuevo cargo de Autosuficiencia Alimentaria, los programas gubernamentales ahora favorecen a los pequeños y medianos productores, promueven la agroecología y la agrosilvicultura, ofrecen precios de apoyo para cultivos alimentarios clave y promueven leyes que consagren dichas políticas. Una ley sobre el derecho a la alimentación está a punto de ser aprobada en la legislatura mexicana.

 

López Obrador también ha respaldado a la Demanda Colectiva, retirando el apoyo gubernamental a las empresas en la disputa legal. Algunos de los 53 demandantes, como Suárez, se encuentran ahora en ministerios gubernamentales clave. Lo más dramático es que el presidente ha emitido un decreto presidencial que no sólo prohíbe la siembra de maíz transgénico sino también su consumo en tortillas y otras preparaciones básicas de maíz.

 

Es un cambio dramático después de tres décadas de gobiernos neoliberales y pro libre comercio en México. Y ha provocado una fuerte reacción del gobierno de Estados Unidos, que está llevando a México a un panel de arbitraje en virtud del acuerdo comercial renegociado entre Estados Unidos, México y Canadá para tratar de detener el decreto sobre el maíz transgénico.

 

Ese proceso legal se desarrollará durante los próximos seis meses, y México promete presentar evidencia de sus preocupaciones de salud pública sobre el consumo de maíz transgénico y su herbicida asociado, el glifosato, en tortillas y otras preparaciones hechas de maíz mínimamente procesado. Pretenden demostrar que no existen estudios que demuestren la seguridad a largo plazo del maíz transgénico en la forma en que lo consumen los mexicanos. Por tanto, se justifica la precaución.

 

También argumentarán que se necesitan medidas de precaución para proteger la riqueza de diversidad de maíz nativo del país, que está amenazada por la polinización cruzada incontrolada de transgénicos. Ésa es la afirmación central en el caso de Demanda Colectiva, que deliberadamente eligió centrarse en la amenaza ambiental a la diversidad del maíz en lugar de los riesgos para la salud. Citando una serie de investigaciones, incluido un estudio trinacional masivo sobre la contaminación del maíz nativo por polen de maíz transgénico, los demandantes argumentaron que la constitución mexicana garantiza el derecho a un medio ambiente limpio, y en México ese derecho tiene que incluir la integridad de sus preciados cultivos nativos. maíz.

 

La decisión del juez Walter Arrellano Hobelsberger de enero de 2014 fue elocuente al confirmar la orden judicial: “El uso y disfrute de la biodiversidad es un derecho de las generaciones presentes y futuras”.

 

Las peleas no han terminado, ni por parte de las empresas ni por parte de un gobierno estadounidense comprometido a apoyar sus intereses. Desde entonces, Monsanto ha sido absorbida por Bayer, pero su oficina de México todavía usa el nombre de Monsanto. Tienen una demanda pendiente en México para frenar el decreto presidencial.

 

Y un juez mexicano recientemente dio a las empresas una victoria temporal, rechazando la demanda original de la Demanda Colectiva en su primera audiencia completa, diez años después de su presentación. Lo hizo a pesar de nuevas pruebas de contaminación incontrolada del maíz nativo con transgénicos en la mayoría de los estados de México.

 

A nadie en México se le escapó la ironía de que el fallo se dictó el 29 de septiembre, el Día Nacional oficial del Maíz en México. El equipo legal de Demanda apeló rápidamente, citando un fallo anterior de la Corte Suprema que confirmaba la orden judicial, por lo que la prohibición cautelar de plantar maíz transgénico sigue vigente.

 

Quizás ese juez no se comió sus tacos. Una de las demandantes originales, Elena Álvarez Buylla, quien ahora dirige la agencia nacional de ciencia de México, me dijo en mayo que cuando la Demanda Colectiva comparecía ante el tribunal para defender la orden judicial contra la siembra de maíz transgénico, siempre se esforzaban en llevar a los jueces. dos platos de tortillas. Uno del supermercado, el otro elaborado con maíz nativo mexicano. Quería que probaran la diferencia.

 

Ojalá todavía lo hagan.

 

Independientemente de lo que decidan los tribunales y de cómo falle un tribunal comercial, los mexicanos seguirán resistiéndose a la imposición del maíz transgénico. Como me dijo Adelita San Vicente, ex portavoz de Demanda Colectiva, que ahora está en el Ministerio de Medio Ambiente, “Ningún país en el mundo ha movilizado tanta resistencia como México a la siembra de maíz transgénico. Defenderemos nuestras semillas y nuestra soberanía, no sólo en los tribunales sino en los campos, en las calles y en nuestras demandas colectivas de políticas gubernamentales que respeten nuestros derechos”.

 

Para más información sobre la controversia en curso, visite la página web del IATP, Soberanía alimentaria, comercio y políticas de México en materia de maíz transgénico.


*Artículo publicado originalmente en Food Tank y con autorización del autor.

La ciencia del maíz transgénico



 Crédito: Enrique Pérez S.


Desde el XVII, siglo de la llamada Revolución Científica, que da inicio a la también llamada sociedad del conocimiento, fue difundida la visión de la ciencia y el método científico como la fuente del verdadero conocimiento acerca del mundo físico y natural, no sólo restando validez a las creencias religiosas y a la superstición, sino, al cabo de la expansión y colonización europea, a sistemas de conocimiento milenarios que antecedieron al científico y cuyas culturas y sociedades no lo habían requerido para su prevalencia.


Uno de estos sistemas de conocimiento es el que gira en torno al sistema milpa mexicano de producción de maíz, actualmente en medio de una intensa controversia que, en el plano de la evidencia científica, gira en torno a afectaciones a la salud derivadas del uso intensivo de sustancias agroquímicas altamente tóxicas que acompañan al paquete tecnológico del maíz transgénico y a evidencia de contaminación vía fertilización espontánea en las razas y variedades nativas mexicanas.


La milpa consiste en una variedad de plantas que se cultivan junto al maíz, y provee de una alimentación completa a la población campesina en particular, y en general en buena medida a la nacional mexicana. Este sistema se contrapone sin embargo al sistema industrial científico del monocultivo, en donde el grano se cultiva y cosecha como mercancía para vender y obtener ganancias. Millones de cultivadores y cultivadoras mexicanas de maíz de pequeña y mediana escala, han producido, vía su propia ingeniería genética y a través del libre intercambio de semillas, y generación tras generación por milenios, más de 60 razas y cientos de variedades de maíz, los cuales conforman la base de alimentación y de la cultura culinaria mexicana que ha sido distinguida como patrimonio cultural de la humanidad.


Sin embargo, un puñado de empresas transnacionales de la agroquímica, enarbolando la bandera de la ciencia, y por consecuencia progreso y modernidad, se sienten empoderadas para irrumpir en esta rica biodiversidad del grano ancestral e imponer una variedad producida en laboratorio para forraje, que amenaza con contaminar y potencialmente desdibujar las razas y variedades mexicanas de formas en el mejor de los casos inciertas.


Es esto a lo que se refiere Steve Fuller (sociólogo británico de la ciencia) cuando afirma que hay una especie de gobernanza de la ciencia, pues nada más mencionarla e infunde una lealtad ciega generalizada bajo cuyo influjo se impulsan y normalizan proyectos de negocios de innovaciones tecnocientíficas de trascendencia sin mayor explicación que la tautológica.


Oponerse a esas innovaciones es ser percibido como vivir en el atraso y en la superstición, en ir en dirección contraria a la historia. No se habla sin embargo que la ciencia, el conocimiento científico, ya hace rato, con algunas excepciones, dejó de ser libre y universal, para ser condicionado a financiamiento y privatizado con fines de lucro, aún con miras al largo plazo.


Este es un punto clave de la controversia. El Capital, cuyo mayor ímpetu, naturalmente, es expandirse eliminando la mayor cantidad posible de competidores, enfrenta a los agricultores locales de pequeña y mediana escala que se resisten a ser estadística, y defienden su forma de vida y cultura. No se está diciendo que se debe coartar la libre empresa, sólo que, por un lado, la distribución discursiva debe ser equitativa, y no depender del poder económico, tan dispar en el presente caso, de las partes. Debe ser evidente que a mayor capacidad económica, mayor capacidad proporcional de persuasión.


Por otro, hay áreas de la vida social y económica en las que la racionalidad del mercado se enfrenta a límites infranqueables. La alimentación y la salud de una sociedad no sólo son de base en términos humanísticos, sino que junto con los recursos energéticos, son estratégicos para cualquier nación que se dice soberana.

Son elementos que necesariamente requieren intervención reguladora y mecanismos de control cuyo propósito, lograr estabilidad social por ejemplo, sobrepasa el de los fines de lucro o el de la acumulación, y adicionalmente responde a necesidades comunitarias en materia de biodiversidad, alimentación, tradición y cultura.


Sería un contrasentido entregar recursos estratégicos a la empresa privada, cuyo horizonte de visibilidad es necesariamente corto en el tiempo y en el espacio, y más aún a la empresa privada extranjera, que tiene historia en el país y en la memoria. Esperemos que los representantes del gobierno mexicano, en nombre de sus representados, sepan ejercer esa soberanía en un ya próximo nuevo round de argumentos para dirimir la controversia.


No importa cuántos argumentos científicos se presenten, las transnacionales, en pos del jugoso mercado de maíz que ya sienten como suyo (gracias al ya célebre acuerdo de libre comercio TLCAN, ahora TMEC, firmado entre líderes de gobiernos neoliberales de México, Estados Unidos y Canadá), naturalmente siempre recurrirán a esa vieja argucia retórica, “no hemos encontrado evidencia de daño…”, lo que quiere decir, en palabras de Goffman (Investigador científico, experto en radiación atómica, que a mediados del siglo pasado entró en controversia con la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, sobre los efectos de largo plazo de la radiación en los trabajadores de las plantas atómicas (Ver Mazur, Allan. 1973. “Disputes between experts.” Minerva 11 (2): 243-262), que “no la han buscado”.

 

 


Ley Monsanto, una ventana para privatizar las semillas en Guatemala

Crédito: Pablo Sigüenza


A finales del mes pasado se anunció que diputados de la Comisión de Agricultura del Congreso de la Guatemala estaban por presentar al legislativo una iniciativa de ley para la protección de obtenciones vegetales. En un mes, la iniciativa ha avanzado de forma vertiginosa en el camino legislativo. Esto en contraste al caso de muchas leyes que no ingresan al pleno ni son enviadas a comisiones de trabajo para dictamen durante meses o incluso años. Actualmente la iniciativa, cuyo número de registro es 6283, está ya en la Comisión de Agricultura; se espera que el dictamen se realice de forma rápida y sea favorable, aun cuando hay diputados dentro de la comisión y dentro de la instancia de jefes de bloque que se oponen a su contenido. Esto daría vía libre a su aprobación o no aprobación en el pleno.


En Guatemala, una iniciativa de ley similar fue aprobada en 2014. Las manifestaciones de rechazo a la ley por parte de pueblos, comunidades, universidades, organizaciones, gremios, académicos particulares y artistas, hizo que el mismo Congreso derogara la ley aprobada. En ese entonces, los sectores críticos a la ley la denominaron Ley Monsanto, de la misma forma que en otros países de Latinoamérica donde la normativa también ha sido impulsada.


El 26 de septiembre reciente, el presidente de la Comisión de Agricultura invitó a trabajadores del Ministerio de Agricultura -MAGA- y de la Asociación de Exportadores de Guatemala a participar en la reunión de la instancia de jefes de bloque del Congreso. Esto con el objetivo de escuchar los argumentos a favor de la iniciativa 6283. Dentro de los elementos vertidos, llama la atención el dato expresado por la representación de los exportadores: esta iniciativa de ley fue redactada fuera de Guatemala, «es una ley machote» la cual se adapta a los países en los que se impulsa. Lo mismo fue expresado por personal del MAGA en una citación que llevó a cabo la bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. No hay la mínima soberanía en el intento de aprobar esta ley; es una imposición que viene desde la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales -UPOV- y desde las empresas transnacionales que la promocionan y sustentan. Es parte de la presión internacional para que Guatemala y el resto de países del sur económico establezcan mecanismos que garanticen la propiedad intelectual sobre la biodiversidad. En otras palabras, privatización de la naturaleza.


Este intento por aprobar de nuevo la ley Monsanto en el país centroamericano tiene la oposición clara de múltiples sectores debido a que la iniciativa abre la ventana para la privatización de semillas. Un obtentor o desarrollador de semillas puede hacer una pequeña modificación sobre plantas de cultivo que han llevado cientos de años de trabajo de selección por parte de comunidades y pueblos, registrarla como nueva, privatizándola para su comercialización. Esto en el campo de cultivos alimentarios, pero también plantas medicinales, flores, árboles, frutas, etc.


Una crítica, proveniente desde los pueblos originarios plantea que, al patentar cualquier semilla, se está privatizando la vida. Esta forma de entender la relación con la naturaleza prioriza la sostenibilidad de la vida frente a la visión de la UPOV y las empresas semilleristas que pretende comercializarla. Las semillas son sagradas para los pueblos mayas. Pero también son sagradas para cualquier grupo cultural que respeta la vida. Un país que intenta ser democrático debe considerar esta visión del mundo en la generación de leyes y políticas públicas. Es necesario evidenciar que para la aprobación de cualquier legislación que afecte a los pueblos originarios se les debe consultar. La consulta a pueblos indígenas es una acción ausente en la iniciativa de ley y en su formulación.


Hace quinientos millones de años, la evolución biológica dio paso a la creación de las células que formarían la esencia de las plantas. Quinientos millones de años lleva la naturaleza creando sinergias para que en la actualidad existan las especies vegetales que conforman nuestros ecosistemas, los bosques, la selva, la montaña, nuestros sistemas alimentarios y de salud, la materia prima para un sinfín de usos humanos: vestido, medicina, construcción, energía. En los estudios de la escuela primaria aprendemos que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues son seres vivos. La ingeniería de mejoramiento genético de plantas que está detrás de la Ley Monsanto le ha quitado la capacidad de reproducción a las plantas. La mayoría de las semillas que se venden en los agroservicios no son fértiles. Un agricultor se ve obligado a comprar semilla para cada ciclo. En cambio, con las semillas nativas y criollas se produce una selección, año con año, para que la continuidad del ciclo de la vida se sostenga; es una práctica viva en los territorios del país. La ley Monsanto pone en riesgo esta práctica milenaria y eficaz para los tiempos actuales.

Crédito: Pablo Sigüenza

El artículo 45 de esta peligrosa iniciativa de ley reza lo siguiente: «No causan responsabilidad civil ni penal, aquella contaminación o polinización natural». En el texto mismo se acepta por parte de los ponentes y formuladores de la Ley Monsanto que existe el peligro de la contaminación de las semillas criollas y nativas con la genética de las variedades mejoradas. Una razón, más que suficiente, no sólo para que se elimine del proceso de aprobación la iniciativa 6283, sino para que el mismo Congreso y el gobierno tomen medidas de protección reales para toda la biodiversidad en territorios guatemaltecos.


Esta coyuntura, en la que se intenta imponer una ley en beneficio de sectores de poder, debe servir para una discusión más estratégica, imaginativa e incluyente que enfrente los problemas de alimentación, producción agrícola y construcción de buen vivir. Discusión oportuna y conveniente de cara al gobierno que encabezará el partido Movimiento Semilla a partir de enero del próximo año. El problema del hambre en el país no es un tema productivo, es un tema de distribución de recursos, de acceso a activos productivos, de distribución de la riqueza generada por el trabajo de la población, de distribución de los alimentos producidos.


La privatización de las semillas a través de una ley de protección de obtenciones vegetales es parte del modelo de producción basado y preocupado por la ganancia de las empresas transnacionales y sus socios operadores en el país. Un modelo que se ha aprovechado del trabajo de las manos campesinas durante siglos y de la explotación destructora del ambiente. Es imprescindible una visión ecológica de la economía y de la agricultura. La base de conocimientos ancestrales en diálogo con la ciencia puede llevarnos a un nuevo modelo agroalimentario nacional y mundial. El punto de partida puede ser la oposición de la sociedad a la Ley Monsanto, la escucha atenta a los sectores que la ven de forma crítica y la implementación de acuerdos democráticos sobre la producción, la economía y el ambiente.

 























Artículos anteriores: